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La Junta de Personal, integrada por CSIF, SAF, CCOO, ISA y UGT, ha aprobado de forma unánime iniciar concentraciones de protesta el 10 de junio contra el grave malestar generado por la imposición de nuevos procedimientos para justificar ausencias por enfermedad, trabas al teletrabajo y desigualdad de trato respecto a otros centros de trabajo.
Según unas recientes encuestas, más del 92% del personal valora negativamente la gestión actual, cerca del 85% no se siente reconocido ni motivado por sus superiores y más de la mitad de los encuestados afirma que se trasladaría a otro destino si tuviera la oportunidad.
La junta de personal de la Administración General de la Junta de Andalucía en Málaga, integrada por los sindicatos CSIF, SAF, CCOO, ISA y UGT, informa de las asambleas informativas celebradas este miércoles en la Delegación Territorial de Empleo y en la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ante el progresivo deterioro de las condiciones laborales y del clima laboral que soportan en los distintos centros de trabajo.
Las asambleas han sido convocadas por la junta de personal tras constatar el malestar generalizado entre los trabajadores por la deficiente gestión de la Administración, como ha quedado de manifiesto en unas recientes encuestas que la representación legal de los trabajadores ha llevado a cabo entre el personal.
En estas reuniones, que han contado con la participación de la mayoría de la plantilla –así como con la participación telemática del personal de oficinas en otros municipios-, los trabajadores han respaldado de forma unánime la convocatoria de movilizaciones para visibilizar la situación y denunciar la deficiente gestión que atraviesan los centros dependientes de la Delegación Territorial.
La encuesta realizada el 16 de mayo revela un alto grado de insatisfacción entre la plantilla, motivado por decisiones unilaterales adoptadas por la Delegación Territorial de Empleo, como la implantación de nuevos procedimientos para la justificación de ausencias por enfermedad leve, sin cobertura por incapacidad temporal, que están ocasionado multitud de inconvenientes a los trabajadores que caen enfermos.
La junta de personal también denuncia un empeoramiento de las condiciones laborales de forma generalizada; la falta de implantación del teletrabajo y un control excesivo hacia quienes lo ejercen; desigualdad de criterios respecto a otros centros de la Junta de Andalucía; una grave desmotivación y ausencia de reconocimiento por parte de los responsables.
Según los resultados obtenidos en las encuestas, más del 92% del personal valora negativamente la gestión actual, y cerca del 85% no se siente reconocido ni motivado por sus superiores. Además, el 64% se declara insatisfecho con su entorno laboral, y más de la mitad de los encuestados afirma que se trasladaría a otro destino si tuviera la oportunidad.
Este último dato sitúa en una posición muy complicada la gestión del servicio público a medio y largo plazo en esta delegación, donde cabe esperar un abandono generalizado de los funcionarios a favor de otros destinos menos perniciosos en el próximo concurso.
La junta de personal subraya que esta realidad, que es extrapolable al resto de delegaciones de la Administración General de la Junta de Andalucía en Málaga, responde a la deficiente gestión que se viene desarrollando en los últimos años, la pésima política de recursos humanos y la nula voluntad negociadora por parte de la administración.
A la vista de estos datos, y tras la reunión mantenida recientemente con la delegada territorial y responsables de la Secretaría de Empleo, la junta de personal considera que la falta de respuesta efectiva por parte de la administración hace imprescindible la activación de medidas de presión, especialmente tras comprobar que se trata de una situación generalizada entre los trabajadores.
Por ello, la junta de personal ha acordado iniciar movilizaciones el próximo 10 de junio con una concentración a las 10:30h ante la Delegación de Empleo (Avd. Juan XXIII), que persigue revertir las decisiones recientemente impuestas por la administración, garantizar un trato equitativo respecto a otros centros de la Junta de Andalucía y restaurar un clima laboral adecuado que preserve la dignidad y motivación del personal funcionario, así como garantizar la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía con la dotación de personal que se merece.
La junta de personal reitera su voluntad de diálogo y negociación, pero exige que la administración actúe con responsabilidad y escuche las legítimas demandas del colectivo.
