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(Prensa Partido Andalucista) El alto tipo impositivo de la Ley de Sucesiones en Andalucía está provocando miles de renuncias a herencias y una huida de residentes y activos financieros a otras CC. AA.
El reciente fallecimiento de la duquesa de Alba ha demostrado que a veces una baja presión fiscal es la opción más rentable para las arcas públicas. La revista Forbes calculó que la riqueza de Cayetana de Alba era de 3.000 millones de euros. Heredar este patrimonio en Sevilla costaría 1.140 millones de euros a sus hijos en pagos de impuestos. Sin embargo, hacerlo en Madrid supondría apenas 11 millones.
Más allá de la singularidad de este caso, lo significativo es que ha puesto de relevancia que todos los españoles son iguales ante la Ley, pero no tanto ante Hacienda. La heterogeneidad de legislaciones autonómicas en torno al Impuesto de Sucesiones y al Impuesto de la Renta, han convertido a Andalucía en una de las regiones donde más caro sale heredar.
La iniciativa que hoy presenta el Partido Andalucista, representado por sus candidatos y secretarios locales en Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Estepona pretende reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a la media nacional, para que nadie en Andalucía renuncie a una herencia por los altos costos que conlleva, o establezca su residencia en una comunidad autónoma para pagar menos impuestos. Algo que de hecho ya está sucediendo y provoca una considerable pérdida de habitantes empadronados, de impuestos, y en última instancia, de actividad económica.
En una región con características migratorias tan específicas como la Costa del Sol esto altos tipos impositivos conllevan un impacto directo en la inversión que llega desde el extranjero. Al igual que ocurre ahora con los residentes en España, que cambian su domicilio a comunidades autónomas en las que sus sucesores pueden evitar total o parcialmente el impuesto, los no residentes tienen muy en cuenta en qué región abren sus cuentas bancarias, invierten sus activos financieros o compran sus inmuebles.
Andalucía está entre las comunidades autónomas con el impuesto de sucesiones más caro porque no aplica las bonificaciones que si tienen en la mayoría de comunidades autónomas, donde casi eliminan la cuantía a pagar. Si Andalucía fuera un país estaría entre los cinco más caros del mundo en este aspecto. En herencias de grandes cuantías, son muchos miles de euros los que están en juego, por eso hay quienes optan incluso por establecer su residencia en una comunidad autónoma vecina para que cuando fallezca, la mayor parte de sus bienes no se los quede el Estado.
En el caso de Andalucía, la alta presión fiscal que mantiene la Junta es un freno para la economía. No favorece la migración norte-sur, que es uno de sus principales atractivo, y se observa que cada día son más los andaluces que optan por residir en otras autonomías sólo por beneficiarse de sus efectos fiscales. Esta reforma es necesaria para no perder residentes.
Si se rebajase el impuesto de sucesiones en Andalucía, alguien podría decir que se hace para favorecer a las rentas más altas, pero desde el Partido Andalucista sostenemos que como está ahora los andaluces no nos beneficiamos de nada.
Sostenemos que con la disminución progresiva de este tributo hasta dejarlo en niveles mínimos atraeríamos nuevos residentes y la Junta disfrutaría del cobro del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales con la compra de los inmuebles; los ayuntamientos ingresarían las plusvalías en la transmisión o del IBI anualmente por la contribución urbana, Hacienda cobraría el IRPF, y la economía de los municipios crecería.
Si antes heredar era casi siempre una buena noticia, sinónimo de un aumento de patrimonio, ahora cada vez son más las personas que renuncian al legado por temor a que éste esconda números rojos. Así, desde el inicio de la crisis se han cuadruplicado los procesos de renuncia. En concreto, según datos del Consejo General del Notariado, han aumentado un 400% en ese periodo. Se calcula que unas 14.000 familias andaluzas han renunciado a herencias por no haber podido hacer frente al pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En la situación actual el principio de igualdad ante la Ley sufre una de sus quiebras más importantes. En Andalucía se mantiene el impuesto en todo su rigor, como si fuéramos los más ricos, y como no lo somos, se recauda menos del 3% del presupuesto, pero ocasiona la ruina de negocios y familias. Además, tenemos en el IRPF el tipo marginal máximo del 56%, provocando con todo ello, la huida de residentes y empresas andaluzas a otras comunidades más favorables en el impuesto.
La reforma fiscal que proponemos al Gobierno Andaluz plantea una disminución progresiva que nos equiparen a la media nacional. Pasa por una disminución progresiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, desde un 33,33 por ciento menos en el 2015 al 99,9 por ciento en el 2017, hasta su desaparición para las rentas bajas y medias. Estas medidas podrían generar una actividad económica de 300 millones de euros, ya que cada persona dispondría de 400 euros más al año.
Consideramos que esa imposición mínima debería contar con una tarifa impositiva (tanto en herencias como en donaciones) que discrimine exclusivamente en función del grado de parentesco. Así, proponemos un tipo reducido del 4%-5% para el cónyuge, ascendientes y descendientes por línea directa, adoptados y adoptantes; un tipo medio del 7%-8% para parientes colaterales de segundo grado (hermanos) y tercer grado (tíos, sobrinos) y parientes por afinidad hasta el tercer grado, y un tercer tipo más elevado del 10%-11% para cualquier otra persona. Además, para mantener la progresividad del impuesto se debería establecer también un mínimo exento específico sobre la base fijado por el Gobierno para todo el territorio de régimen común y cuya cuantía debiera situarse en el entorno de unos 20.000 o 25.000 euros.
