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(Nota Prensa Psoe) Los socialistas consideran que esta medida prevista en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local pone en peligro la continuidad de los centros de atención especializada que gestiona la institución provincial: las residencias de mayores de La Vega de Antequera y Archidona, los centros para discapacitados psíquicos La Esperanza y Guadalmedina y el Centro Provincial de Drogodependencia, entre otros.
El grupo socialista en la Diputación de Málaga ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno de la institución provincial en la que pide la paralización del traspaso de competencias en materia de servicios sociales de las entidades locales a las comunidades autónomas previsto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Gobierno del PP.
Según explica el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, el PSOE ha estado desde el primer momento en contra de los planes municipalistas del Gobierno del PP plasmados en la modificación de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la conocida como reforma local. «Esa modificación ha supuesto una lesión de la autonomía local, un recorte de competencias y servicios a los municipios, una probable privatización de servicios básicos y un establecimiento de tutela ministerial hasta dejar a los ayuntamientos en una posición de subordinación respecto al Gobierno Central», ha asegurado Conejo.
Según el portavoz socialista, esta reforma ha conseguido lo que no había ocurrido nunca en democracia, que por primera vez más de 3.500 ayuntamientos de toda España han recurrido esta ley al Tribunal Constitucional, recurso que ha sido admitido y se encuentra pendiente de resolución. «Son más los aspectos controvertidos de la reforma, de entre los cuales podemos destacar por su importancia y por la enorme preocupación que nos produce, los artículos relativos a las competencias en materia de servicios sociales», apunta Conejo.
En este sentido, expone que hasta ahora las competencias de las comunidades autónomas las había fijado la Constitución y los Estatutos de Autonomía, no una ley ordinaria. Los socialistas creen que el legislador no puede disponer de los servicios sociales como se hace ahora en el artículo 27.3 c) y la Disposición Transitoria 2 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local cuando señala que «las comunidades autónomas asumirán la titularidad de estas competencias». Estas mismas competencias podrán después ser delegadas a los municipios y en último caso si no se delegan lo seguirán haciendo los ayuntamientos con cargo a las comunidades. «Esto no es dejar las cosas claras ni en el terreno político ni en el jurídico», ha agregado el portavoz socialista.
Para el responsable socialista, este artículo 27 y la Disposición Transitoria 2 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local suponen «el desmantelamiento de la red de servicios sociales de los Ayuntamientos y Diputaciones». Estas competencias se traspasarán a partir de Enero de 2016 a unas comunidades autónomas «ya de por sí asfixiadas económicamente».
«Esta medida conllevará un deterioro brutal del sistema, una aguda incertidumbre económica con la retirada de las entidades locales y un coste en materia de empleo de unas 25.000 personas en Andalucía, porque es en nuestra comunidad donde más se ha desarrollado la ayuda a domicilio, el sector en el que va a recaer el grueso de la pérdida de puestos de trabajo», ha afirmado.
De esta forma, esta decisión legislativa, según Conejo, puede generar una situación muy perjudicial tanto para las personas que reciben la atención y servicios de la red de centros de servicios sociales, ya sean municipales o comunitarios dependientes de las diputaciones, como para los trabajadores del sector y las empresas que tienen como finalidad prestar servicios en este ámbito. «Todo esto en un pilar extremadamente sensible como los derechos sociales, que deberían estar blindados en nuestra norma suprema», subraya.
En concreto, los socialistas consideran que esta medida pone en peligro la continuidad de los centros de atención especializada que gestiona la Diputación Provincial de Málaga: las residencias de mayores de La Vega de Antequera y Archidona, los centros para discapacitados psíquicos La Esperanza y Guadalmedina y el Centro Provincial de Drogodependencia, entre otros
Por todo ello, en la moción registrada proponen que la Diputación inste al Gobierno Central a que paralice la aplicación del artículo 27.3 c) y la Disposición Transitoria 2 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativos al traspaso de las competencias de servicios sociales a las comunidades autónomas con fecha límite de 31 de Diciembre de 2015, de forma que se garantice a los ayuntamientos de la provincia y a esta Diputación a seguir prestando estos servicios a través de la red de servicios sociales comunitarios, hasta que se sustancie el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por más de 3.000 ayuntamientos de toda España y el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
