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(Nota de Prensa Izquierda Unida) Castro advierte que los equipos de gobierno no se andarán a medias tintas con los derechos ciudadanos.
Izquierda Unida ha puesto en papel un gran número de iniciativas éticas que establecen sus estatutos y junto a otros nuevos ha elaborado un código que suscribirán los miembros de las candidaturas que se presenten a las elecciones municipales del propio mes de mayo.
El código ético establece compromisos de transparencia y participación a distintos niveles que «afinan» las herramientas puestas en marcha hasta ahora o las complementan, según ha explicado la responsable provincial de Política Institucional, Toni Morillas, y, todo ello, con la solvencia que da a la coalición la experiencia en los gobiernos locales y su marcado carácter municipalista.
Se busca garantizar que no se produzcan prácticas poco recomendables o corruptas y Morillas ha reclamado que el resto de los partidos también lo pongan en marcha.
Mientras, en aquellos ayuntamientos donde gobierne Izquierda Unida se «afinarán» las medidas de transparencia para que la ciudadanía pueda acceder a todo tipo de datos sobre qué ingresos y de dónde provienen y cómo se gestionan. Los presupuestos serán participativos, pero con una participación universal para que los vecinos incidan en las ordenanzas municipales, en esos ingresos, y gastos, en los impuestos, etc. También habrá consultas ciudadanas para asuntos que tengan debate público. «Sacar esos asuntos del ámbitos del pleno y devolverlo a la ciudadanía a través de las consultas populares».
Algo que puso en marcha Izquierda Unida por primera vez en Andalucía y que se traslada ahora a los municipios es consultar sobre cualquier pacto político que pueda realizarse en los ayuntamientos (como hizo la coalición con el acuerdo de gobierno de la Junta) y que deberá decidir la militancia.
Igualmente, quién rubrique el código se compromete a poner en marcha una auditoria ciudadana sobre el estado de los derechos humanos, que es como decir vivienda, trabajo, alimentos y dignidad. Esta propuesta ya la presentó Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga y fue aprobada por el PP, pero, señaló Morillas, como la mayoría de las mociones , nunca la puso en marcha.
La participación directa de la ciudadanía también se traslada a los servicios que se remunicipalicen, ya que lo que se pretende es un cambio de modelo de gestión pública en el que deben incidir directamente.
Los cargos públicos de Izquierda Unida también tendrán regulados sus ingresos y con independencia de cómo se cierre en cada territorio, se establece que no debe superar tres veces el salario mínimo interprofesional.
Otras medidas éticas que pretenden asegurar a la ciudadanía que IU no comulga con las denominadas «puertas giratorias» es el compromiso de que los cargos públicos no podrán ocupar puestos en empresas que trabajen para el ayuntamiento en los primeros cinco años de dejar el Consistorio.
El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, ha asegurado que plantearán una defensa de la democracia «sin medias tintas» y eso supondrá una defensa extrema de lo público y la dignidad ciudadana, pero sin olvidar que la coalición entiende los ayuntamientos como «herramientas» ciudadanas.
El responsable político ha recordado que en estos más de ocho años de crisis se ha «machacado y desestructurado» a la sociedad, generando empleos precarios servicios que se deterioran y la desaparición de derechos constitucionales. «Las reformas de PSOE y PP, al dictado de los poderes económicos, nos lleva a una pobreza estructural, algo más del 40 por ciento vivirá ya para siempre en la pobreza y lo que hoy conocemos como clase media será clase de supervivencia y sólo podrán aspirar a llegar al final de mes y sentirse así por encima de ese cuarenta por ciento». También se ha querido alejar a los ayuntamientos de la ciudadanía a través de la reforma de la administración local y les ha despojado de herramientas democráticas y de servicios fundamentales.
IU se compromete a contribuir de manera definitiva a acabar con las mayorías absolutas del PP en la provincia y con las hegemonías de las políticas de derechas, así como a defender lo público y la dignidad. Sus alcaldes no permitirán que sus ciudadanos vivan con la incertidumbre de si ese mes tendrán luz, agua o gas y si sus hijos podrán tener tres comidas al día.
Esos alcaldes que afrontarán estos compromisos sin medias tintas estarán junto a sus equipos de gobierno «frente a la Policía parando desahucios. Nuestros cargos públicos no se van a amedrentar por la Ley Mordaza porque lo que está en juego son las habichuelas de la ciudadanía». Sin embargo, Castro ha advertido a esa misma ciudadanía que su acción es definitiva y que de ellos depende el futuro. «Estamos en momentos sumamente extraordinarios y, o luchamos por nuestros derechos, o condenamos a nuestros hijos a que no tengan ninguno».
