Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 29 segundos
(Prensa Junta de Andalucía) El consejero de Justicia e Interior pide ampliar los cupos de admisión para estas personas en Europa en un encuentro jurídico sobre derecho de extranjería y asilo.El consejero de Justicia e Interior en funciones, Emilio de Llera, responsable de la coordinación de las políticas migratorias del ejecutivo andaluz, ha reclamado al Gobierno del Estado y a la Unión Europea que garanticen el asilo de las personas refugiadas que huyen de la violencia y la guerra que sufren en sus países de origen.
De Llera, que ha participado hoy en Málaga en el XXV Encuentro de la abogacía sobre derecho de extranjería y asilo, ha criticado las políticas europeas de control de fronteras marítimas y terrestres porque están cerrando las vías de acceso seguras a estas personas. Por ello, ha pedido la supresión del visado de tránsito aeroportuario para las personas que huyen de conflictos y la concesión de visados humanitarios.
Además, el consejero ha solicitado que se garantice a las personas refugiadas, interceptadas en frontera, el acceso a procedimientos de asilo justos y a un alojamiento adecuado de acuerdo con la normativa que regula este procedimiento en la UE, haciendo efectivo el principio de no devolución y absteniéndose de penalizar a las personas refugiadas por recurrir a la entrada irregular.
Por otro lado, De Llera ha subrayado la necesidad de ampliar los cupos de reasentamiento y admisión humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en situación de tránsito, así como la posibilidad efectiva de acceso al proceso de regularización.
El titular de Justicia e Interior en funciones ha insistido también en que los poderes públicos tienen que facilitar la reunificación familiar en Europa, sin tener que volver a sus países de procedencia y aplicar una definición más amplia de «miembros de familia» con el fin de incluir en ese concepto a descendientes mayores de edad y a otras personas que no estén dentro de la concepción nuclear de la familia.
A su juicio, «estas medidas acordes con la legislación vigente aportarían criterios de racionalidad a una política que está creando problemas irresolubles, tanto humanos como institucionales, a los países y regiones que son frontera de la Unión Europea».
Según el consejero, las políticas de austeridad no están generando más que mayores índices vulnerabilidad en la sociedad española y las capas más frágiles de la población, entre los que se encuentran los inmigrantes, son las que están sufriendo con más crueldad las consecuencias de esta crisis.
En esa población más vulnerable se encuentra una gran parte de las casi 700.000 personas extranjeras que residen en nuestra comunidad autónoma. En este aspecto, ha puesto de manifiesto que «el Gobierno de Andalucía siempre será beligerante frente a cualquier tentativa que implique la neutralización del contenido de la Carta de Derechos reconocidos a la Ciudadanía».
De Llera ha señalado que «la Unión Europea debe asumir sus responsabilidades y proceder a revisar sus políticas de cooperación al desarrollo en los países emisores, incentivando y financiando la formación en estos países, su desarrollo y la asunción de estándares básicos de los valores democráticos».
Labor de la abogacía
De Llera ha destacado la esencial labor que desarrollan los Colegios de Abogados y los profesionales especializados del Servicio de Asistencia Jurídica y turnos especializados en la garantía y defensa de estos ciudadanos frente a las llamadas «devoluciones en caliente». Este tipo de actuaciones vulneran la legislación española en materia de extranjería y asilo, el ordenamiento UE e instrumentos internacionales aplicables a la materia ratificados por España.
Durante el pasado ejercicio se llevaron a cabo en Andalucía más de 9.000 actuaciones relacionadas con la extranjería por parte de 2.000 profesionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de este servicio para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas extranjeras. Esto supone una inversión de dos millones de euros por legislatura.
Defensa de los derechos humanos
El consejero ha afirmado que Europa se ha alejado del derecho de extranjería y, frente a ello, «nosotros optamos por situar los derechos humanos como centro del debate sobre las migraciones, lo que supondría una opción de gran calado para las decisiones que puedan promoverse en materia de inmigración», ha apuntado.
Asimismo, ha censurado la negativa del Gobierno Español de no permitir el acceso a la península a las personas solicitantes de protección internacional admitidas a trámite en dichas ciudades autónomas. Todas estas cuestiones, en su opinión, están exigiendo un plus de solidaridad a todas las regiones europeas que son frontera exterior de la UE como Andalucia, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, así como las regiones del Sur de Italia o Grecia.
Actualmente, la Comisión Europea debate sobre el porcentaje de solicitantes de asilo que debe asumir cada Estado miembro y las últimas cifras hablan de tan solo 40.000 personas, que habrían de distribuirse en un continente europeo que cuenta con más de 500 millones de habitantes.
Lucha por la igualdad y la gestión de la diversidad
El consejero ha reconocido que el Gobierno andaluz no puede gestionar fronteras ni tiene competencias para legislar en materia de Extranjería pero ha asegurado que «sí está haciendo un gran esfuerzo por disponer de un marco que favorezca la igualdad real y gestione la diversidad étnica y cultural de la nueva ciudadanía andaluza asentada en nuestra tierra».
En este sentido, se ha referido al III Plan Integral para la Inmigración de Andalucía en desarrollo actualmente y con una vigencia hasta 2016 con el que la Junta da continuidad a su respuesta al fenómeno migratorio, con el objetivo básico de asegurar el acceso de los inmigrantes a los servicios básicos de sanidad, educación, empleo, vivienda, asistencia social y atención jurídica.
La nueva estrategia de atención a la población inmigrante está coordinada por la Consejería de Justicia e Interior y cuenta con la participación de todos los departamentos del Gobierno andaluz con el impulso de un total de 172 medidas, en su mayoría de carácter social y asistencial y que van desde la educación a la sanidad, pasando por la atención jurídica, la vivienda o la cooperación internacional.
