Susana Díaz destaca que el Gobierno andaluz ha “pisado el acelerador” con 30 medidas “potentes” en 30 días

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La presidenta de la Junta destaca la respuesta del Ejecutivo autonómico a los sectores que «esperaban recuperar el tiempo perdido»

(Prensa Junta Andalucía) La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz ha «pisado el acelerador» con las 30 medidas «potentes, una por día» puestas en marcha en los 30 días transcurridos desde la toma de posesión de los titulares de las Consejerías.

Díaz ha valorado que este trabajo del Ejecutivo autonómico en estas primeras semanas se ha notado en «muchos sectores» que confiaban en recuperar el «tiempo perdido» durante los dos meses «de bloqueo» transcurridos desde las elecciones autonómicas y la investidura y, sobre todo, «solucionar los problemas de la gente».

«Han sido medidas importantes que se están llevando a cabo en un tiempo récord porque iban a incidir directamente, por ejemplo, en la vida de los estudiantes, en la programación del curso académico o en el plan de empleo rural», ha señalado.

En materia de salud, el Gobierno ha aprobado la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que garantiza el carácter público de la sanidad andaluza, sin copagos; la reducción del tiempo máximo de espera para cirugías cardíacas a 90 días a partir de 2016, un aumento del 10,5% de los profesionales sanitarios de refuerzo durante el verano y la contratación de la asistencia en el traslado de pacientes críticos en ambulancias.

En cuanto a la educación, se ha dado luz verde a sendas inversiones de 102 y 35 millones de euros para los servicios de comedor y las aulas matinales en centros educativos públicos durante los dos próximos cursos, así como al servicio de comidas en 62 escuelas de verano en la comunidad.

Además, la Junta de Andalucía ha aprobado becas para que los universitarios obtengan el título del B1 en un segundo idioma; una rebaja de los precios de grados y de másteres para el curso 2015-2016 y el acceso gratuito a las víctimas de la violencia de género a la universidad.

La lucha contra los desahucios se ha materializado con la aprobación de los proyectos de Ley de Retracto y de Protección de Derechos de Consumidores y Usuarios en la Contratación Hipotecaria de Viviendas, así como en la constitución de grupos de trabajo con entidades financieras y con plataformas antidesahucios para abordar soluciones y alternativas.

La defensa del empleo y del crecimiento económico se ha plasmado en 31,24 millones programados para el fomento del empleo y la actividad empresarial, en el inicio de la aplicación del sistema de garantía juvenil y en el impulso a las rebajas fiscales y la formación de los autónomos.

Además, se pondrán en marcha 50 millones de inversión para Ciudades Inteligentes; el Fondo Jeremie Energía, dotado con 60 millones, y en los futuros trabajos de mejora de caminos rurales, que generarán 34.700 jornales.

Los avances en el diálogo institucional han significado el inicio de la ronda de reuniones con los alcaldes de las capitales andaluzas, la firma de un convenio con las diputaciones para la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario, el arranque del diálogo social con empresarios, sindicatos, autónomos y economía social y la firma de la Alianza contra la Pobreza Infantil en Andalucía.

Junto a ello, se ha firmado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF el acuerdo para la defensa y mejora del empleo público, que permitirá que los empleados públicos recuperen derechos.

En cuanto a medidas de transparencia, se ha activado de forma integral el Portal de Transparencia con toda la información relativa a la Administración pública andaluza y se han publicado las declaraciones de la renta de los miembros del Gobierno andaluz y de sus cónyuges.

Andalucía, por otro lado, es la primera comunidad en regular el ejercicio profesional del deporte, además de proteger y promover la difusión del deporte de ocio y luchar contra el dopaje a través del proyecto de Ley del Deporte.

Finalmente, la nueva estructura del Gobierno andaluz supone la reducción de 27 altos cargos y se han licitado los servicios de inserción de menores infractores en centros de internamiento por 278,6 millones hasta el año 2019.