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(Prensa Diputación de Málaga) La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga denuncia la eliminación de líneas incentivables que figuran en la Ley de Integración Social de los Minusválidos
La vicepresidenta y diputada de Igualdad, Ana Mata, junto con los grupos políticos de la corporación supramunicipal, a excepción del Partido Socialista, ha impulsado una reunión con representantes de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Málaga (ACEEMA) para el seguimiento de la moción institucional aprobada en el Pleno ordinario el pasado 19 de octubre, a través de la cual se llegó al consenso de instar a la consejería de Empleo, Empresa y Comercio a afrontar la deuda que mantiene con los Centros Especiales de Empleo.
Siendo ya la tercera reunión como muestra de apoyo a las iniciativas llevadas a cabo por la asociación, Mata ha puesto en valor estas comisiones para conocer el esfuerzo realizado por las organizaciones en su lucha reivindicativa de los derechos ya consolidados en cuanto a la situación de los Centros Especiales de Empleo. Así mismo, la diputada ha propuesto la creación de una comisión de trabajo conjunta para seguir actuando en esta línea.
Tras las diversas actividades reivindicativas desarrolladas por los Centros Especiales de Empleo en el último mes, se ha conseguido la aprobación en el Parlamento Andaluz de una Proposición No de Ley que insta al gobierno andaluz a pagar la deuda contraída con los centros. Así ya se ha procedido al ingreso de pagos atrasados de subvenciones desde 2012 pero sin percibir el total de la deuda por parte de la Junta que, a nivel local, ascendía a 12 millones de euros. Aun así, denuncian la eliminación de líneas incentivables y el recorte de derechos consolidados desde 1982 que también ha sido recogido en la Proposición No de Ley.
Desde ACEEMA afirman que temen por el futuro incierto de los centros por el retraso en el cobro de las subvenciones, y manifiestan que «no van a dejar su actitud crítica hasta conseguir lo que les corresponde por derecho y que ya eran líneas consolidadas desde 1982».
Un total de 2.500 trabajadores con discapacidad física, intelectual y sensorial, sufren los impagos del gobierno andaluz con un retraso de 22 meses llegando en ocasiones hasta 48. En cuanto a la deuda a nivel andaluz, la cifra alcanza los 60 millones de euros en impagos correspondientes a las nóminas de 11.000 empleados con discapacidad, pues algunos centros vienen acumulando deudas desde 2012 y hasta la actualidad.
Es por ello que se han ido sucediendo diversas movilizaciones para exigir el inmediato pago de las subvenciones atrasadas, así como para recuperar las líneas incentivables, conseguir las cláusulas sociales en la contratación de las administraciones públicas y la regulación de los enclaves laborales en los centros.
Actividades reivindicativas
En el último mes, los Centros Especiales de Empleo han ido desarrollando diferentes actividades reivindicativas, entre las que se encuentra la manifestación ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y la marcha a pie que se realizó desde Antequera hasta Sevilla el 16 de noviembre.
En la marcha participaron un total de 250 personas procedentes de 17 Centros Especiales de Empleo de toda Andalucía, aunque la concentración en Sevilla contó con una participación superior a las 700 personas de 32 centros. Recibieron el apoyo de todas aquellas localidades por las que pasaron en su recorrido, excepto en Sevilla donde no hubo ninguna recepción oficial.
A pesar de no ser recibidos por la presidenta de la Junta, representantes de la marcha se entrevistaron con los grupos parlamentarios para hacerles entrega de un documento con sus peticiones. Tras lo cual, se entregó en registro del Palacio de San Telmo otro escrito donde explican la situación y las reclamaciones de los Centros Especiales de Empleo de Andalucía.
