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El documento apunta a autorizaciones de contratos que excedían los límites que tenía autorizados la Dirección.
(Prensa Ayuntamiento Torremolinos) El Ayuntamiento de Torremolinos ha dado a conocer el resultado de la auditoría externa de cumplimiento realizada al Palacio de Congresos y Exposiciones Costa del Sol para dar cumplimiento al requerimiento con el que el Ministerio de Hacienda ordenaba la disolución de la sociedad por pérdidas en sus cuentas de 2013 y 2014; con el objetivo de conocer el verdadero estado contable de la empresa municipal para su posterior gestión directa por parte del Consistorio.
El documento recoge incumplimientos, deficiencias, debilidades y falta de control interno de gastos en la gestión del palacio y señala que la Dirección autorizó servicios y contratos de cantidades que excedían los límites que tenía atribuidos. De esta manera la auditoría concluye que la sociedad no llevaba un control de los gastos relacionados con cada evento ni existía presupuesto concreto. Este hecho, señala el informe, puede llevar a la sociedad a desajustes en el control de presupuesto y a una situación de pérdidas que obliga a su liquidación -tal y como se formalizó en el último pleno de marzo de 2017-.
En el apartado de gastos recurrentes desde los años 2013 y 2014, la Dirección autorizó contrataciones por importe superior a lo establecido. La sociedad ha realizado contrataciones que superan 18.000 euros, sin existir los procedimientos de contratación correspondiente ni acreditar solvencia económica del adjudicatario. Así, la empresa auditora resalta gastos como la cena de EUROAL que ascienden a 27.199 euros. Además la auditoría refleja que se desconocen los precios de coste y valor de recuperación de la ferias. También recoge que la sociedad tiene cedido locales a terceros, que se ubican en las instalaciones de forma gratuita, así como la aplicación de tarifas a los arrendatarios distintas a las publicadas en la página web.
En el apartado de laboral, la auditoría pone el punto de mira en la inexistencia de un manual de procedimiento de contratación, que regule el acceso de nuevo personal, asegurando publicidad y concurrencia y con un sistema de control interno. En cuanto a la gestión del personal, señala la falta de organigrama, relación de puestos de trabajo ni sus correspondientes funciones.
La sociedad arroja un resultado de explotación negativo de los ejercicios 2014 y 2015, presentando una situación de desequilibrio recogida en la ley 27/2013 del Ministerio de Hacienda, la cual establece que aquellas sociedades dependientes de un ayuntamiento que presenten una situación de desequilibro financiero, si no aplican un plan de ajuste deben disolverse.
En este sentido la auditoría destapa la ausencia de manuales de procedimiento de control interno, principalmente encaminados a medir el estado de ejecución de sus presupuestos, y que vele por el cumplimiento de la Ley de Presupuestos generales del Estado.
Por último, el documento pone de manifiesto que el Palacio de Congresos debió presentar en el registro mercantil de cada año la contabilidad del ejercicio anterior. También debería haber tenido registro de ventas y tarifas aprobadas por el Consejo de Administración, así como un manual de procedimiento en materia de contratación. La contabilidad refleja además situaciones que no han podido comprobarse, ya que los libros de actas no están debidamente registrados.
Según la empresa auditora, la Dirección tenía potestad para tomar decisiones cuando el valor estimado del contrato no superase los 3.000 euros, cantidad a partir de la cual debía ser el consejero delegado quien aprobase dichos gastos. A partir los 50.000 euros, es el Consejo de Administración el órgano competente de su aprobación. Según la auditoría la Dirección autorizó servicios o contratos que exceden los límites atribuidos.
