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El decano, Francisco Javier Lara, informa de que la corporación colegial ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra esa medida.El grupo del PP en el Ayuntamiento presentará una moción en el próximo pleno para exigir al Gobierno andaluz que garantice la asistencia a las víctimas como hasta ahora.
(Comunicación Colegio Abogados Málaga) El Colegio de Abogados de Málaga ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Orden de 27 de abril de 2017 de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, en la que se determina el número de guardias que corresponde realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía para este año, así como el baremo a aplicar para la compensación económica de dichos servicios.
El decano, Francisco Javier Lara, ha intervenido en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Málaga, junto al portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Conde, y el concejal Julio Andrade, para señalar que la citada medida impide a los colegios de abogados fraccionar las guardias tal y como se venía haciendo hasta ahora, de modo que se podía prestar asistencia a las víctimas de violencia de género en todos los partidos judiciales durante las 24 horas del día.
Lara ha explicado que el servicio ha sido posible gracias a la «solidaridad y generosidad» de los letrados, que aceptaban cobrar incluso un cuarto de guardia, una cantidad «irrisoria», y prestar la labor durante todo el día. A partir de ahora, sólo se puede dividir hasta media guardia. Además, ha asegurado que es una «aberración jurídica» que se haya aprobado esta Orden con carácter retroactivo, con efecto desde el pasado 1 de enero.
El Colegio de Abogados de Málaga critica que esta decisión de la Junta de Andalucía conllevará la eliminación de los servicios de guardia en partidos judiciales donde la actividad es más baja. De este modo, desaparecerán en Violencia de Género en Estepona, Ronda, Coín y Torrox, y en Extranjería en Marbella, Fuengirola y Vélez-Málaga.
El hecho de que desaparezca el servicio de guardia, ha apuntado el decano, no significa que la víctima se quede sin asistencia, pero sí implica que el abogado pueda estar realizando otras funciones y ya no se asegura que comparezca en un plazo máximo de tres horas como prevé la Ley.
«Esto conllevará un retraso en los juzgados y, lo que es peor, situaciones en las que las víctimas tengan que esperar a que llegue el letrado», ha advertido, al tiempo que ha insistido en que hasta ahora había abogados que cobraban un cuarto de guardia y prestaban el servicio de 24 horas. Además, ha recordado que la Ley de Asistencia Gratuita, que está por encima de la Orden de la Junta, deja en manos de los colegios de abogados la organización del servicio.
«Esta problemática se va a dar sobre todo en partidos judiciales pequeños donde no hay víctimas todos los días, pero hay que tener en cuenta que todas las víctimas tienen la misma importancia», ha afirmado Lara.
El Colegio de Abogados de Málaga ha expresado su malestar por el hecho de que se ha alcanzado un pacto histórico nacional por la violencia de género y sin embargo, en Andalucía, se merma el servicio a estas víctimas y a los extranjeros, que pertenecen a sectores especialmente vulnerables y que necesitan una respuesta inmediata.
Además, el decano ha indicado que la Orden de la Junta de Andalucía prevé una bajada de 126 a 100 euros en la retribución de los servicios de guardia cuando no hay asistencia a detenidos y un incremento de 126 a 140 euros cuando sí se produce asistencia.
El grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en el próximo pleno municipal en la que instará al Gobierno andaluz a que arbitre las soluciones que sean necesarias para que el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género pueda realizarse conforme a los derechos que reconoce la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
El portavoz popular, Carlos Conde, ha recordado que el pleno municipal ha tratado últimamente otros dos asuntos demandados por los abogados malagueños: una moción en defensa de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio y otra para reclamar una sala desplazada de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga.
