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- Un juzgado de Málaga condena a la Junta por el despido improcedente de este colectivo, que había sido contratado a su vez para sustituir a los anteriores monitores también despedidos
- Oña pedirá directamente a la consejera de Educación que haga efectiva la sentencia y reincorpore a los 150 monitores afectados en la provincia
(Comunicado Prensa Populares Málaga) La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga, Esperanza Oña, ha pedido hoy la readmisión del colectivo de monitores escolares administrativos del plan de choque, que ya cuentan con una sentencia favorable que condena a la Junta de Andalucía por haberlos contratado en fraude de ley y por un posterior despido improcedente.
La parlamentaria, que ha mantenido un encuentro con representantes de las 150 personas que conforman este colectivo en la provincia de Málaga, ha anunciado que esta petición la trasladará esta semana en persona a la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, en el Parlamento de Andalucía.
Una Esperanza Oña que se ha preguntado “si hace falta trabajo, si estamos hablando de un colectivo muy perjudicado, de difícil inserción laboral, si ya tenían un contrato que se hizo en fraude de ley y que por tanto el despido es improcedente, si ya lo ha dicho un juez… ¿qué más tiene que pasar para que vuelvan a su trabajo?”.
Las 150 personas afectadas en Málaga – aproximadamente unas 1.000 personas en toda Andalucía – pertenecen al colectivo de monitores escolares administrativos que fueron contratados por la Junta de Andalucía en 2013 dentro de un plan de choque para suplir las funciones que realizaban en los centros escolares otros monitores similares que, paradójicamente, fueron despedidos por la Junta por estar en situación de cesión ilegal.
Sin embargo, en noviembre de 2014, los monitores contratados en el plan de choque también fueron despedidos cuando la Junta perdió en los tribunales y se vio obligada a readmitir a los primeros.
Ahora, una sentencia de un tribunal de Málaga fechada el 7 de septiembre da la razón a 87 de estas monitoras del plan de choque, de las que el juez considera que fueron contratadas en fraude de ley y su despido fue improcedente, por lo que establece la obligación de la Junta de readmitirlas o bien indemnizarlas. Una sentencia que, según Oña, “la Junta no debería ni cuestionar ni recurrir, sino cumplir con la mayor rapidez”.
Según ha explicado la parlamentaria popular, “estos contratos afectan en su inmensa mayoría, si no en su totalidad, a mujeres de más de 40 años, y por tanto es un colectivo al que siempre se destina, o lo dice la Junta de boquilla, el máximo interés para que puedan trabajar”.
Además, “ellas si han pasado por un concurso para elegirlas en el momento de la contratación, es decir, tuvieron que acreditar su formación en tareas administrativas y tienen todas ellas una solvencia en cuanto a experiencia que en estos momentos vendría muy bien” para aliviar la situación administrativa que sufren muchos centros educativos, ha explicado Oña, ya que “serían una gran ayuda para estas tareas que ahora acumulan quejas de los propios centros ante la falta de este tipo de personal cualificado”.
“Yo puedo trasladar este asunto a iniciativas parlamentarias si es necesario, pero mi primera gestión será trasladar este asunto directamente a la consejera”, ha afirmado. En ese sentido, Esperanza Oña ha anunciado que “si esta gestión directamente con la máxima responsable de la Educación en Andalucía falla, veremos la conveniencia de adoptar otras iniciativas, pero en un principio vamos a apostar por el diálogo y por poder llegar a un acuerdo”.
Sobre todo, según ha explicado la parlamentaria, “teniendo en cuenta que hace falta mayor personal y mejor organización en el sistema educativo, y que estas trabajadoras que han sido despedidas injustamente puedan volver con la justicia por delante, porque les ha dado la razón, a sus puestos de trabajo”, ha concluido Oña.
