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La corporación municipal al completo ha aprobado la realización de un informe jurídico que estudie las condiciones de la reparcelación de la Senda de Pilar tras diez años de abandono y paralización del proyecto
Luz verde a sendos dictámenes para la puesta en marcha de dos reglamentos que fijarán la productividad y movilidad de los trabajadores municipales
(Prensa Ayto Torremolinos) El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado hoy en sesión plenaria y por unanimidad la moción presentada por Ciudadanos para valorar una posible revisión de oficio del desarrollo urbanístico de la reparcelación del sector R.1.10 del PGOU, conocido como ‘Campo de Golf’ -debido a las instalaciones que se preveían construir en estos terrenos-. Tras diez años de abandono, la corporación municipal ha mostrado su voluntad de reabrir este caso urbanístico que afecta 25 familias del municipio y realizará un informe jurídico con el objetivo desbloquear la situación de parálisis en la que se encuentra; así como dilucidar el presunto perjuicio para las arcas municipales que podría ascender a cerca de 10 millones de euros.
Tras la anulación del Tribunal Superior Justicia Andalucía (TSJA) del proyecto de urbanización, “no es descabellado pensar que el de reparcelación corra la misma suerte”, ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno, Maribel Tocón. Se trata de “uno de los mayores pelotazos urbanísticos que se han dado en esta ciudad en los años de gobierno del PP y que han dejado como víctimas directas a 25 familias de nuestro municipio”, según ha puesto de manifiesto Tocón ante una veintena de miembros de la Asociación de Vecinos afectados de la Senda del Pilar, que han asistido hoy al pleno.
Estos vecinos, que suponen un 6% de todos los propietarios del suelo de estos terrenos, “se sienten engañados y estafados porque llevan años pagando unas cargas económicas fruto de una especulación urbanística salvaje que nos recuerda a casos tan cercanos como vergonzosos, dígase la Operación Troya o el caso Malaya”, ha continuado Tocón. “Comprar y vender suelo con unas expectativas urbanísticas irreales, mercadear con nuestro suelo para obtener unas plusvalías millonarias en poco tiempo, un intercambio de escrituras que de antemano se sabía que no llegarían a materializarse. La prueba está en que después de 10 años, en aquel sector no se ha movido un metro cuadrado de tierra, pero sí muchos papeles de un despacho a otro. Un chollo para los especuladores, un robo para los ciudadanos”, ha manifestado.
Fernández Montes, cuestionado
La primera teniente de alcalde ha querido transmitir el malestar de los vecinos quienes por fin han podido alzar la voz para decir que “se sienten víctimas del rodillo de los mayoritarios, que el pueblo tiene que saber que el Ayuntamiento ha sido estafado, y que el anterior equipo de gobierno siempre se puso de perfil para no defender el interés del pueblo frente al beneficio de unos pocos poderosos, que por cierto, siempre eran los mismos”.
Tocón ha recordado también que el PP bloqueó sistemáticamente que se hablara de este tema en el pleno, ya que “el PSOE trató por aquel entonces que se crease una comisión de investigación” ante un caso que llevó a Pedro Fernández Montes a ser llamado para sentarse a declarar como testigo por presuntos delitos derivados de su gestión política. Diez años después de que se creara esta situación, el PP de Margarita del Cid ha apoyado esta iniciativa de revisión cuestionando la postura mantenida por el anterior alcalde en los últimos años.
Por su parte, Ángeles Vergara, portavoz de Ciudadanos, ha asegurado que “la moción presentada pretende dar solución a la situación urbanística denunciada por la Asociación de Vecinos Senda del Pilar y la realización de un informe jurídico sobre las determinaciones del Plan Parcial y el Proyecto de Reparcelación que pudieran incurrir en nulidad radical”. Vergara ha asegurado que les “consta el malestar y disconformidad por la situación sobrevenida que padece 25 familias minoritarias, que tienen sus viviendas y actividades económicas en esa zona desde antes del Plan General, del Plan Parcial y desde antes de que nadie se cuestionara la necesidad de urbanizar”.
Estos vecinos “vieron sorprendida su tranquilidad con delirios urbanísticas, posteriores a la construcción de sus viviendas que ni les van ni les vienen, siendo el imperativo legal de la Ley del Suelo lo que les ha implicado innecesariamente en un bucle en el que ven perturbada su posesión con cargas económicas por servicios que ni necesitan ni han solicitado”, ha incidido. “Llevan años denunciando que se les ha privado de su defensa, dejándolo en una situación de indefensión”.
Desde la asociación llevan años denunciando que se han visto obligados a contribuir económicamente de forma desproporcionada en las cargas de urbanización; comprando el derecho a edificar lo que ya tenían edificado; que los mayoritarios se han beneficiado del aprovechamiento de caminos y arroyos que, de corresponder a alguien sería a la administración pública; se han medido mal las fincas y se han adjudicado erróneamente otras en algunos casos. “No podemos volver la espalda, porque, es cierto que se han cometido abusos e irregularidades los regidores municipales estamos obligados, al menos, a entrar a conocer las situaciones que se hayan podido producir y en la medida de los posible, subsanar las deficiencias que estén perjudicando los derechos de nuestros vecinos siendo justicia”.
De esta manera y gracias al apoyo de todos los partidos representados en la corporación municipal así como el concejal no adscrito hoy se ha puesto en marcha un informe sobre las determinaciones del Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación del Sector R.1.10 que pudieran incurrir en vicio de nulidad radical.
Asimismo estudiará la asignación de aprovechamiento a los propietarios afectados, revisará la valoración de aprovechamientos, las cargas de urbanización y obligación de compra de aprovechamiento por los propietarios de viviendas preexistentes, las indemnizaciones económicas en la cuenta de liquidación provisional por edificaciones y actividades que están en contra del planeamiento y cualquier determinación en perjuicio de los propietarios minoritarios que se estime digna de tener en consideración para subsanar situaciones injustas de los minoritarios frente a los mayoritarios.
Garantías para los trabajadores
La sesión plenaria de hoy también ha aprobado sendos dictámenes para la puesta en marcha de dos reglamentos, uno sobre productividad del personal del Ayuntamiento, así como otro para regular la movilidad temporal de los mismos. “Ambos tienen una finalidad totalmente diferente: uno velará por garantizar que el personal municipal se mueva entre delegaciones por objetivos reglados; y el otro fijará las retribuciones de todas las actividades extraordinarias y que no tengan que ver con el desempeño diario de las funciones de un trabajador”, ha asegurado la concejala de Administración Pública, Carmen García, quien ha puesto de manifiesto que han sido analizados por la totalidad de las secciones sindicales del Consistorio.
De esta manera y de cara a la movilidad temporal de personal, son muchas las demandas de traslado presentadas por los trabajadores, por necesidad del servicio o por mayor utilidad en otra área. “Antes no había ningún reglamento, por lo que que se concedían de manera arbitraria, de manera que este reglamento es una garantía tanto para el trabajador como para los jefes de servicio, que pueden concederlo o no en base a criterios objetivos; así el papel del político está totalmente limitado al criterio profesional”, ha continuado García Bernal.
En cuanto al complemento de productividad, durante los últimos años “ha dado lugar a muchas situaciones injustas en las que algunos trabajadores que ya no realizaban las tareas que en su momento provocaron su concesión pero las seguían percibiendo, muchos de ellos superando 2.000€ mensuales, por lo que este reglamento fija unos criterios objetivos basados en la neutralidad para poder concederlos”, ha informado. De esta manera se establece un sistema reglado de concesión o retirada de los mismos.
Por último también se ha aprobado una moción para apoyar y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.
