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(Nota Prensa IU) Los ayuntamientos y grupos municipales en la oposición de Izquierda Unida deben abanderar la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir “más allá” la defensa de las mismas. Con esta y otras recomendaciones ha cerrado Teresa Sánchez, responsable de Política Institucional de IU, la Primera Mesa Municipalista que ha celebrado la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública.
Alcaldes y concejales de gobiernos, cogobiernos y oposición han asistido a este encuentro destinado a estudiar la nueva Ley, que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas. Desde IU, explica la responsable provincial de Política Institucional, Teresa Sánchez, “pretendemos que esta ley no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores”.
De esta forma, entre los ponentes han estado la presidenta de Facua Málaga, Lola García, Francisco Martínez Jiménez, secretario de FESP -UGT Málaga, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia.
Este último ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la Ley.
Por su parte, Francisco Martínez, señala que sin clausulas sociales se olvida a los trabajadores y trabajadoras y ha puesto ejemplo de algunos casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se lanzan algunas propuestas de cláusulas sociales, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o respete la igualdad de género en contratación y salarios.
La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva Ley no ha tenido en cuenta a los consumidores y su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos y ciudadanas y ha invitado a los cargos públicos de Izquierda Unida ha promoverlas. También ha aportado algunos ejemplos de como defender al consumidor en los contratos públicos, como puede ser premiar a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo.
Teresa Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales. “Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios”.
La dirigente provincial entiende que la contratación pública debe entenderse como una herramienta “para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política”.
