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(Nota de Prensa IU Alhaurín el Grande) El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayto. de Alhaurín el Grande ha registrado un documento con sus reclamaciones y sugerencias sobre el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) en el que realiza un detallado recorrido por la propuesta del equipo de gobierno y pretende mejorar con sus aportaciones tanto el diagnóstico como las actuaciones previstas.
El PMVS presentado por el equipo de gobierno está plagado de errores en su metodología y análisis que inevitablemente llevan a un diagnóstico parcial, inexacto e incluso erróneo. Tanto es así que un escrito cuya finalidad es realizar una proyección futura sobre el uso y las necesidades de la vivienda a partir de 2018, se basa en datos del año 2011 para su elaboración.
El precio de la vivienda es otra de las cuestiones fundamentales que debe recoger este informe y que no se analiza con la precisión que, a nuestro parecer, merece, ya que no se utilizan datos municipales sino que se realiza a nivel provincial y autonómico. Esta es solo una muestra más de la pésima gestión de este equipo de gobierno que invierte 25.000 euros en contratar una empresa privada para la realización de un documento poco riguroso y plagado de faltas de ortografía, que se basa en datos antiguos en lugar de invertir los recursos disponibles en un estudio de campo detallado sobre los datos concretos del precio de la vivienda en nuestro pueblo.
Tampoco existe ningún tipo de censo de relación de viviendas, lo que imposibilita tener una visión completa de la situación real de la vivienda en el municipio.
En este plan, la Vivienda de Protección Oficial pasa totalmente desapercibida, mencionando únicamente la promoción “abandonada” de Villafranco del Guadalhorce, lo que nos parece un tremendo error, puesto que debe ser prioridad de este Ayuntamiento apostar por la VPO en un momento en el que la precariedad laboral pone grandes obstáculos sobre todo a los jóvenes en el acceso a la vivienda.
Desde IU, creemos que este Plan Municipal de Vivienda y Suelo está hecho para cumplir con la normativa, de prisa y corriendo, a pesar de que la ley fue aprobada en 2010, hace ya ocho años y que no existe una intención real de llevarla acabo, puesto que su presencia en los presupuestos municipales es mínima y su ejecución se basa en ayudas y subvenciones que no han sido previamente concedidas.
