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El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre discrimina en el campamento de verano a los jóvenes con diversidad funcional
La asociación Vida Independiente de Andalucía (VIAndalucía) muestra su preocupación por la situación de discriminación que se mantiene en el municipio de Alhaurín de la Torre, hacia las personas con diversidad funcional
(Asociación VIAndalucía) En esta ocasión nos queremos referir en concreto al grupo infantil y juvenil que asiste al campamento urbano de verano. Este campamento se realiza en un lugar, inapropiado para una actividad deportiva, como es la planta sótano de un mercado, como se aprecia en las fotos y en el texto de la nota de prensa[1] difundida por el propio Ayuntamiento. Además, como también dice la referida nota, están apartados del resto de jóvenes, que sí realizan el campamento urbano en un polideportivo.
Lo último que hemos sabido al respecto de esta actividad es que va a pasar de la Concejalía de Deportes a la Concejalía de Asuntos Sociales. Una discriminación añadida a este colectivo.
VIAndalucía le recuerda a este Ayuntamiento y a su Corporación Municipal que la diversidad funcional es transversal al ser humano y, por consiguiente, debe estar presente en todas las políticas del municipio. El “deporte adaptado” pertenece a la Concejalía de Deporte y no a otra, al igual que ocurre con el deporte femenino. El hecho de no ser una actividad competitiva, no significa que no sea deportiva. Ni tampoco que este grupo de chicas y chicos no tenga el mismo derecho que los demás a la participación y al desarrollo de las competencias y habilidades que la diversión y trabajo en equipo fomentan. Este debería ser el principal objetivo de un campamento de verano “inclusivo”, lo cual es evidente que este Consistorio no acaba de entender. Al contrario, hace propaganda de este despropósito vendiéndolo como un ejemplo de inclusión. Nada más alejado de la realidad.
También queremos recordarle al ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que existe la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ratificó y firmó España en 2008. Su cumplimiento es tan obligatorio como el de la Constitución. En ella se recoge el deber de los Estados Parte, y por lo tanto las administraciones, de fomentar y favorecer la participación e inclusión en la comunidad de las personas con diversidad funcional en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía.
