El PSOE asegura que las medidas urgentes del gobierno de Pedro Sánchez en agricultura y alimentación «van en la buena dirección» y avanzan en el reconocimiento social del campo

Ruiz Espejo ha pedido a la Junta que ponga en marcha mesas de diálogo para abordar el desarrollo de las competencias autonómicas en materia de agua, etiquetado o de control de la calidad y que ejecute todo el presupuesto regional en materia agraria, «el gobierno de PP y Cs no solo debe trasladar los problemas a la administración estatal», ha expresado

(Nota Prensa PSOE) El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado esta mañana en rueda de prensa que las medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación por parte del gobierno de Pedro Sánchez «van en la buena dirección, ponen el foco donde está el problema y consideran al campo como un elemento estratégico mejorando las condiciones de los trabajadores y permitiendo el relevo generacional y avanzan en el reconocimiento social».

Ruiz Espejo, que ha participado en el encuentro que ha mantenido la dirección del PSOE de Málaga junto a miembros de los grupos parlamentarios con varias asociaciones agrarias de la provincia de Málaga entre las que destacan ASAJA, COAG, UPA, UGT, CCOO y cooperativas agrarias, ha agradecido a dichas organizaciones su colaboración y ha destacado que sus reivindicaciones «son justas y legítimas», sobre todo en relación a los problemas derivados por la subida de los costes de producción y con los precios de venta por debajo de dichos costes.

Así, ha detallado que en el encuentro se han analizado problemas específicos del campo malagueño. «No es una situación de ahora sino que se lleva padeciendo desde hace años, hace falta un cambio de relato y de valoración de la economía agraria para el mantenimiento de la población en el territorio y de reconocimiento de la producción agroalimentaria y ganadera», ha dicho.

De igual forma, ha avanzado que la interlocución iniciada por el grupo parlamentario socialista permitirá llevar dichas reivindicaciones al parlamento andaluz y trasladarlas al gobierno central, «las instituciones tienen que ponerse a la cabeza de valorar lo que supone el trabajo en el campo y así lo trasladaremos para encontrar soluciones», ha manifestado. «Esta interlocución se mantendrá para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas así como de las reivindicaciones que aún se mantienen y las medidas que se pongan en marcha de cara al futuro», ha añadido.

En este sentido, se ha referido a las medidas que ya están en marcha desde el pasado Consejo de Ministros del 25 de febrero, que incluyen aspectos como la creación de una mesa de diálogo para solventar estos problemas a corto, medio y largo plazo «de forma clara y rotunda», ha dicho.

En el real decreto que desarrolla estas actuaciones, además, se contempla para su aplicación inmediata la modificación de la ley que regula la cadena alimentaria «para establecer un precio más justo a los productos del campo, de forma que no se puedan fijar precios por debajo del coste dentro de la relación que tienen los productores y las cadenas de distribución, hay que confiar en que tengamos una aplicación eficaz», ha expresado.

El también parlamentario se ha referido a la prohibición de la venta a pérdidas, de forma que esos precios no sean repercutidos al consumidor final; a la regulación de las promociones comerciales para evitar que distribuidoras y cadenas comerciales establezcan productos reclamo; a los agravamientos y publicidad de las sanciones para eliminar prácticas no legales; a la modificación de la ley fiscal en relación al IRPF para que se pueda prorratear la tributación de ayudas en hasta cuatro años; y a la reducción de 35 a 20 las peonadas para cobrar la renta agraria.

«Además, hemos hablado de las competencias de la Junta en materia de agua, etiquetado o de control de la calidad, por eso pedimos que se pongan en marcha mesas de diálogo para ejecutar estas competencias y que se invierta todo el presupuesto regional destinado a este ámbito. El gobierno de PP y Cs no solo debe trasladar los problemas a la administración estatal», ha concluido.