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Sánchez: “La educación pública vive una situación estructural de infrafinanciación y desamparo que la coyuntura provocada por la crisis del Covid 19 ha agravado”
González: “La educación pública presencial es necesaria para garantizar el acceso universal a todo el alumnado y para permitir que la brecha social y la desigualdad estructural de la sociedad”
(Adelante Alhaurín el Grande) La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Alhaurín El Grande elevará al próximo Pleno que “se pongan en marcha medidas urgentes para la defensa de la educación pública en Alhaurín, educación pública que vive una situación estructural de infrafinanciación y desamparo que la coyuntura provocada por la pandemia del covid 19 ha agravado sobremanera”.
La concejala portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, reclama en la moción que lo que la pandemia y el confinamiento del curso pasado puso en evidencia, fue “la importancia de la educación pública presencial y de las “aulas” como instrumentos necesarios para garantizar el acceso universal a todo el alumnado y para permitir que la brecha social y la desigualdad estructural de la sociedad andaluza no sean una causa aún más seria y profunda de la falta de acceso a la educación por parte de una parte significativa de la población andaluza. No olvidemos que según la última encuesta sobre la pobreza y la exclusión social en Andalucía más de 650 mil andaluces y andaluzas viven en una situación de privación material severa. El 16% de los hogares andaluces no tuvo acceso a internet en medio del confinamiento, un obstáculo tremendo en un contexto donde la educación fue garantizada principalmente de manera virtual”.
Por su parte, la concejala de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en Alhaurín El Grande, Maribel González, destaca que “los últimos gobiernos de la Junta, en particular, en la última década, han sido directos responsables de una infrafinanciación estructural del sistema educativo andaluz las políticas de recortes sucesivas a la crisis del 2012, la contención del gasto presupuestario y las medidas de políticas fiscales adoptadas han mermado significativamente los recursos para garantizar el blindaje de la educación pública y la garantía de acceso a este derecho básico a toda la población. En una década además ha bajado significativamente el peso del gasto educativo sobre el PIB, en los presupuestos autonómicos para el 2020 no llegó al 4,5% siendo casi un punto menos con respecto a los valores, ya insuficientes, de antes de la crisis”.
Izquierda unida y Podemos señalan que cualquier medida puesta en marcha deberá suponer una ampliación significativa del presupuesto del 2020 y deberá de dotarse de recursos suficientes para el presupuesto de 2021. “Es urgente invertir la lógica política y presupuestaria seguida hasta hoy: es esencial antes de todo determinar las exigencias y necesidad de inversión para garantizar una vuelta a la actividad segura para toda la comunidad educativa y a partir de ahí utilizar todos los recursos disponibles (tanto de origen estatal como autonómico) para asegurar la cobertura presupuestaria y financiera”.
Propuestas
De este modo, la coalición solicitará en moción plenaria que el Ayuntamiento inste al gobierno de la Junta que “a partir del curso escolar 2020/2021 se intervenga sobre ratios reduciendo de manera significativa de alumnos por aula a partir de un mínimo del 30%. Aquellos centros que escolaricen alumnado de riesgo deberán poder reducir la ratio de manera más significativa a partir de un 50%, asimismo, instar al Consejo de Gobierno de la Junta a prever un suelo de inversión del 7% del PIB en educación suficiente para garantizar las medidas necesarias, y la creación de un Plan Urgente para la construcción de nuevos centros educativos.
Para Izquierda Unida y Podemos, la bajada de ratios debe estar acompañada de la ampliación y estabilidad de la plantilla que se debería reforzar, como mínimo, con un apoyo extra en la etapa infantil y en la de primaria, extendiendo el aumento de personal a profesionales educativos reforzando las PTIS e ILSES, incorporando la presencia de educadoras sociales y trabajadores sociales para integrar y hacer seguimiento de alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social y así mismo, incorporar personal sanitario a los centros con un número significativo de alumnado de alto riesgo.
