El PSOE reclama reorientar el gasto de la Diputación y propone reclamaciones al presupuesto para acentuar su perfil social y la lucha contra los efectos de la pandemia

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  • El PSOE reclama reorientar el gasto de la Diputación y propone reclamaciones al presupuesto para acentuar su perfil social y la lucha contra los efectos de la pandemia
  • Presenta reclamaciones por más de 60 millones de euros para casi un centenar de iniciativas
  • Incluyen aumentar las ayudas a autónomos y pymes, un plan para el sector turístico y la puesta en marcha de un programa de empleo gestionado por los ayuntamientos

(Prensa PSOE Málaga) El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga ha presentado hoy sus reclamaciones al presupuesto provincial, por un montante de más de 60,4 millones de euros para casi un centenar de iniciativas y proyectos, «que reorientan el gasto público para acentuar el perfil social de las cuentas y luchar contra los efectos de la pandemia del coronavirus», ha explicado el portavoz socialista, José Bernal, quien ha recalcado que estas propuestas parten de las necesidades y reivindicaciones de los ayuntamientos de la provincia.

El PSOE reclama aumentar las partidas de programas que corresponden a la protección social, el fomento del empleo y la ayuda a autónomos y pymes de la provincia, así como a la aportación provincial para un sostenimiento del empleo en el principal sector provincial: el turismo.

Las reclamaciones socialistas se organizan en tres ejes de actuación: el aumento de la financiación municipal de los pueblos; la lucha contra la pandemia y sus efectos sociales y económicos, y el impulso de una red provincial de centros sociales, de carácter comarcal, que atiendan a personas dependientes y mayores.

Para el primer objetivo, el PSOE propone, ha explicado Bernal, cumplir con el compromiso de aumento del plan de asistencia y cooperación -fijado en un 10%- y que no se cumple en estas cuentas. «Además, destacamos el aumento del fondo de liquidez y el pago de las cuotas de consorcios (de agua y bomberos) que corresponden a los pueblos para que éstos dispongan de ese dinero para invertirlo», ha manifestado el portavoz.

Entre las propuestas para luchar contra la pandemia, «se incluyen la mejora de la infraestructura sanitaria y educativa». «En plena pandemia, la capacidad de inversión (y endeudamiento) de la institución provincial debe cumplir con una reivindicación constante de los ayuntamientos de la provincia, voz de su ciudadanía: la mejora de la atención sanitaria», ha sostenido el portavoz del PSOE.

Si la Diputación ayuda a que Málaga tenga un tercer hospital en los actuales solares del Hospital Civil, con la cesión de éstos, «no puede permanecer ajena a la petición suplicante de miles de malagueños y malagueñas que sufren las malas instalaciones de consultorios y centros de salud en muchos pueblos».

Bernal ha destacado que es momento de la inversión social tan reclamada por muchos colectivos provinciales, sobre todo para la atención de personas mayores y dependientes.

«La inversión en diversos proyectos, definidos en los presupuestos como de promoción del territorio (gran senda, senda litoral, senda azul), puede ver menguada su financiación (altísima en los últimos años) en favor de un potente programa de apoyo a los centros especializados y el inicio de centros comarcales», ha explicado el portavoz. En materia educativa, el PSOE propone un plan de inversiones en centros educativos.

Todo lo anterior redundará en la permanencia de la población en el territorio. «Sin embargo, reclamamos un programa específico para la lucha contra la despoblación, para inversiones específicas, como la iniciativa de garantizar el acceso a servicios financieros en las zonas menos pobladas», ha enumerado Bernal.

Las reclamaciones representan una redistribución del gasto de más de 61,4 millones de euros (50 millones de programas actuales y 11 para la creación de nuevos), así como de la minoración de cinco programas (rutas y senderos, programa de transferencias discrecionales a grandes municipios, publicidad y propaganda, atenciones protocolarias y reuniones) y la eliminación de uno (senda azul), todo por un montante de más de 28,2 millones.