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El pasado 25 de mayo, la Junta aprobó un paquete de medidas para agilizar la dependencia por valor de casi 103 millones de euros, pero parte de ese presupuesto no ha llegado a las empresas asistenciales
Está en juego la atención de las personas mayores en Andalucía
(Departamento Comunicación Foro Dependencia) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el pasado 15 de mayo la revisión de los costes máximos de plazas objeto de concertación en atención a personas en situación de dependencia tanto para los centros residenciales y centros de día para personas mayores como para las residencias, centros de día y de terapia ocupacional para personas con discapacidad, con efecto desde el 1 de enero de 2021 y con un incremento general del 2,6%.
Este incremento, calificado por la organización de empresas del sector FADE (Foro Andaluz de Dependencia) como totalmente insuficiente, todavía no se ha materializado.
A ello se suma que la medida de apoyo a las entidades prestadoras de los servicios de la dependencia, también incluida en dicho Acuerdo de Gobierno de mayo de este año, por valor de 10.4 millones, destinada a compensar los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia, tampoco se ha abonado a los centros, pese a que éstos han presentado las oportunas justificaciones de gastos que se exigían.
Este retraso está comprometiendo seriamente la viabilidad de estas empresas. La Administración en Andalucía paga por la atención a las personas mayores a un precio que se sitúa en 51.78 euros por plaza concertada en los centros residenciales, donde se cuida y atiende a las personas en situación de dependencia 24 horas al día durante 365 días al año.
En los centros de día, donde se atiende de forma temporal a personas mayores en situación de dependencia, la Junta abona por plaza concertada 27.84 euros o 35.40 euros plaza /día dependiendo del transporte. Mientras esto sucede en Andalucía, otras Comunidades como Madrid, ya reconocen que el servicio tiene otro valor, que se sitúa en los 75 euros plaza/día.
En Andalucía se da la paradoja de que se exige una ratio de personal por encima de la media nacional, mientras que el precio de la plaza concertada está por debajo de la media nacional. Solo los costes de personal se sitúan de media en el 67% respecto al total de los costes estructurales.
La asfixia económica de estas empresas es ya una realidad. A las pérdidas económicas como consecuencia de la pandemia que en los centros y entidades asociadas a FADE (que han alcanzado los 64 millones de euros), se une la propuesta de subida del SMI, el desorbitado incremento de los suministros eléctricos que ha duplicado la factura energética, así como la evolución al alza del IPC, empeorando una situación que desde FADE hemos manifestado de forma reiterada a los responsables de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sin obtener solución.
El presidente de FADE ha manifestado que “parece que la Administración descuida a la iniciativa privada, cuya colaboración es precisa y necesaria en la atención a las personas en situación de dependencia. Son los centros privados acreditados quienes llevan el peso de los cuidados en Andalucía ofertando en nuestra Comunidad 14.325 plazas en centros residenciales y 5.292 en centros de día”.
No se puede hablar de calidad asistencial y dignificar los salarios de los profesionales que han demostrado con creces estar a la altura de la pandemia, sin reconocer el valor real de lo que cuesta atender a una persona mayor dependiente.
Un dato que pone en valor los recursos dedicados en Andalucía a la atención a la dependencia es el siguiente: El País Vasco destina a la atención a la dependencia 12.480 euros anuales por persona. Andalucía, la mitad: 6.251 euros.
