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- Se ha presentado hoy y contempla más de 300 medidas de mejora, que afectan a unas 80 normas
- Moreno: “La simplificación es uno de los mayores compromisos que puede tener un Gobierno para el crecimiento económico”
- Marín: “Perseguimos que la actual Administración Pública andaluza sea proactiva, más innovadora, accesible y eficiente”
- Este proyecto recibe el apoyo de sectores claves para la comunidad, como la industria, la construcción, el comercio y las energías renovables
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han presentado este lunes el proyecto de Decreto-ley por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica. Un nuevo plan de reducción de trabas que, tal y como ha subrayado Moreno, convierte a Andalucía en la comunidad autónoma española con menos burocracia para impulsar la economía.
Dicho Decreto-ley, que se aprobará este martes en Consejo de Gobierno y que se suma al Plan para la Mejora de la Regulación Económica, introducirá más de 300 medidas nuevas de simplificación y mejora de la regulación, que afectan a unas 80 normas. De este modo, Moreno ha hablado de una “transformación” para reducir trabas administrativas innecesarias y para dar el impulso definitivo a la dinamización empresarial y la reactivación económica de Andalucía.
Se trata, ha destacado, del trabajo más ambicioso jamás planteado en la historia de la Autonomía. Con este nuevo Decreto-ley, además, Andalucía es pionera a nivel nacional, afrontando una remodelación integral de sus procedimientos para adecuarse a las indicaciones de la Unión Europea. “Me siento orgulloso de presidir un Gobierno que se ha atrevido a encarar este cambio radical para crear las condiciones más favorables a la actividad empresarial”.
El objetivo del Gobierno andaluz ha sido desde el inicio de la Legislatura poner fin a la “yincana interminable” que soportaban el tejido productivo andaluz y los inversores que ponían su foco en la comunidad autónoma. Para transformar la Administración andaluza en un ente dinámico y diligente, el Gobierno del cambio ha puesto en marcha tres importantes medidas: un Decreto- ley en 2019 para agilizar la declaración de proyectos estratégicos –ya se han impulsado una decena–; el primer Decreto-ley de Simplificación en 2020, que agilizó 21 leyes y 6 decretos que afectaban a un centenar de medidas, y el nuevo Decreto-ley presentado hoy.
Entre este Decreto y el de 2020, se contabilizan un total de 400 medidas de simplificación y mejora de la regulación, y de un centenar de normas agilizadas. “Una ingente tarea que nos llega en el momento oportuno para combatir la crisis”, ha apuntado, al tiempo que ha señalado: “La simplificación es uno de los mayores compromisos que puede tener un Gobierno para el crecimiento económico. Pido a los alcaldes y a la Administración General del Estado que nos acompañen a reducir de forma notable los costes de transacción, una losa para que las empresas puedan desarrollar con agilidad su actividad, y, de otra parte, para hacer que el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz merezca la pena”.
A través de este Decreto-ley, entre otros ejemplos, se modificará la Ley de Vivienda Protegida para adjudicar viviendas del parque público a colectivos con necesidad urgente y se simplificarán los requisitos tanto para la Declaración de Interés Turístico de Andalucía como para la de Municipios Turísticos. En Urbanismo, se agilizará la ejecución de los proyectos con cargo a los fondos Next Generation y se dotará al sector agroalimentario de mecanismos de crisis –la extensión de norma– para poder retirar productos en momentos de caídas de precio, “una demanda de nuestros agricultores”.
En la actividad comercial, se simplificará el régimen de apertura de establecimientos y el procedimiento para construir áreas logísticas. Por otro lado, en Energía, se simplificará la tramitación de proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Además, se facilitará el despliegue de una infraestructura de recarga de vehículos en todo el territorio andaluz y se favorecerá la implantación de generación de energías renovables de autoconsumo en zonas urbanas. En Medio Ambiente, las entidades privadas podrán colaborar en la reforestación de terrenos incendiados y las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental estatal ya no tendrán que obtener Autorización Ambiental Unificada.
En Pesca, se reducirán los requisitos para autorizar actividades en viveros y puertos autonómicos, contribuyendo a modernizar la industria y propiciando la atracción de inversiones. En Cultura, se facilitará el depósito de bienes en instituciones locales histórico-arqueológicas. Y en materia de Educación, las entidades dedicadas a la formación de profesores y maestros podrán homologar los cursos con menos trámites y en menor tiempo, contando con todas las garantías, “lo que reactivará el sector”, ha apostillado.
Por un tejido empresarial competitivo, sostenible e inclusivo
El vicepresidente de la Junta, por su parte, ha detallado que dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía se evaluaron 468 de los 829 procedimientos administrativos que afectan al inicio o ejercicio de la actividad de los operadores económicos y que están regulados por normativa autonómica.
En esa tarea, se detectaron 154 procedimientos cuya propuesta de simplificación se llevan a las correspondientes Conferencias Sectoriales. A partir de ahí, la labor se centró sobre 207 procedimientos para elaborar una guía de ayudas a las empresas para que puedan adecuarse, también, a los principios de buena regulación económica y de unidad de mercado. Un Plan, según ha reseñado, que se ha trabajado intensamente con los agentes económicos y sociales más representativos –Confederación de Empresarios de Andalucía, CCOO y UGT–.
