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El vicepresidente primero de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha reivindicado que es “urgente articular un paquete de medidas” que permita “desde ya” revisar al alza el precio de los contratos de la obra pública que afecta a las corporaciones locales. El responsable del organismo ha manifestado “el temor” que comparten muchos ayuntamientos andaluces por la paralización de los proyectos e incluso por la quiebra de estas empresas, con el consiguiente aumento del paro “en estos momentos tan complejos para la economía que sufrimos por las consecuencias de la inflación, una pandemia que sigue ahí todavía y la guerra en Ucrania”, añade.
El vicepresidente, así, se hace eco de la voz del máximo responsable de la FAMP, Fernando Rodríguez, quien se ha expresado en similares términos en la clausura de la jornada denominada ‘La revisión de precios de las obras públicas vista por sus protagonistas’, celebrada este miércoles en Sevilla, en la sede de Gaesco, con la asistencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en funciones de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y los empresarios del sector.
Villanova subraya que desde la FAMP “existe una enorme preocupación” en cómo abordarán los ayuntamientos la subida de entre el 10 y 20 por ciento de los materiales. “De hecho, las entidades locales son las mayores licitadoras de la comunidad autónoma”, ha asegurado. En este sentido, recordó que la Federación ya mantuvo una reunión de urgencia, incluso antes de la publicación del Decreto Ley andaluz, con CES, FADECO y GAESCO para analizar la situación de la subida de materiales, y cómo afecta a la obra pública local. “El sector nos transmitió su preocupación por la posible parálisis de la obra pública y las consecuencias económicas y sociales que de ella se derivan”, recuerda.
El vicepresidente primero de la FAMP ha argumentado que la medida excepcional adoptada por el Gobierno central y complementada por el Decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía “es justa y necesaria, ya que va a posibilitar un impacto beneficioso para el sector y también para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos” y espera su pronta convalidación sin perjuicio de la reciente convocatoria electoral. El objetivo de esta medida es claro: evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución.
