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El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha criticado la situación en la que se encuentra, curso tras curso, el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que atiende al alumnado con necesidades especiales (NEAE) en los centros de enseñanza públicos de esta provincia
Tienen bajos salarios, contratos precarios, no cobran puntualmente sus nóminas, la gran mayoría son mujeres
(Comunicación CCOO Málaga) La secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Yolanda Gamero, ha manifestado que “llevamos años exigiendo a la Consejería de Educación que haga este servicio público y deje de hacer licitaciones para que empresas privadas se aprovechen del mismo, aceptando ofertas a la baja, sin ningún tipo de control por parte de la Administración e incumpliéndose el convenio colectivo y los propios pliegos de condiciones”.
El Sindicato destaca que hay más de 70 sentencias dictadas en esta provincia las cuales declaran la cesión ilegal de este personal, y por consiguiente, los declara personal laboral de la Junta de Andalucía. “Está más que demostrado que estamos ante una cesión ilegal, pero la Junta prefiere judicializar este asunto con todo lo que ello conlleva”, ha criticado Gamero, quien ha informado que “el número de PTIS externalizado supera las 200 personas en esta provincia”.
A su vez, la líder sindical ha asegurado que “es de justicia que estos profesionales de la educación pasen a ser personal público, ya que sus derechos laborales se ven mermados cada año, pero en concreto, este curso 2022/2023, la situación ha empeorado”.
En este sentido, Gamero ha explicado “el curso se inicia con un nuevo varapalo para este personal, que afecta también a personal de la misma categoría, pero que son personal laboral de la Junta de Andalucía”. Se trata de una serie de reubicaciones que al parecer sólo se han producido en Málaga, sin ningún tipo de explicación por parte de la Delegación Territorial de la provincia, y que han venido a romper el vínculo entre este personal y su alumnado, que suele ser muy sensible a los cambios. “Todo por ahorrarse unos míseros euros”, ha denunciado la representante sindical.
“Hemos asistido a verdaderas aberraciones en relación a los traslados y reubicaciones de este personal”, ha declarado Gamero. Algunas trabajadoras afectadas han denunciado que “de la noche a la mañana las empresas nos avisan para que al día siguiente nos incorporemos a otro colegio, incluso a distancias de más de 100 km”. Ni siquiera las direcciones de los centros cuentan con la información necesaria sobre este personal y se quejan de la falta de información y coordinación que existe dentro de la propia administración.
El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga recuerda que nuestras leyes educativas reconocen al PTIS, así como a los intérpretes de lenguaje de signos española, como personal que presta atención educativa al alumnado NEAE, y por lo tanto, no se trata de personal de servicios complementarios como ha decretado la Junta de Andalucía contraviniendo leyes de rango superior. Además, recuerdan desde el Sindicato, que fue la propia Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas quien ya advirtió de que la contratación externa que se viene llevando a cabo es irregular al tratarse de una necesidad estructural del sistema educativo.
CCOO llama la atención sobre cómo afectan estos cambios que resultan muy dolorosos para el alumnado y sus familias, que ven cómo la persona que atendía a sus hijos e hijas, y con los que ya habían establecido unos vínculos afectivos importantes desaparecen de repente. “A veces hemos podido revertir la situación, pero no es fácil, incluso contando con la negativa a estos traslados de las direcciones de los centros educativos y de las familias, ni la Consejería de Educación ni la Agencia Pública Andaluza de Educación son capaces de entrar en razón, y comprender que estos traslados destrozan todo el trabajo realizado durante años con este alumnado, y supone un retroceso en su desarrollo tirando por tierra los avances conseguidos”, ha argumentado Gamero, quien ha denunciado la falta de sensibilidad por parte de dicha Administración pública”.
