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La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones de euros a las 6 principales constructoras de nuestro país por alterar, durante más de 25 años -desde 1992 a 2017- con prácticas monopolistas, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras de todo tipo. La tercera por cuantía de la multa era Ferrovial Construcción y la sanción de 38,5 millones. ¡Ferrovial debe devolver todo! Y antes de que huyan, cual vulgares ladrones.
Bien es sabido que la multa es una cantidad irrisoria en comparación con los beneficios obtenidos en todos esos años por las seis constructoras -estimados en unos 210.000 millones- y que deberían devolver todo lo robado. Como se exige a cualquier ladrón de poca monta. Y ahora la primera debería ser Ferrovial. Y antes de que huyan, cual vulgares ladrones.
A pesar de que el cártel -grupo de empresas monopolistas- actuó durante un periodo de tiempo prolongadísimo y por importes descomunales, la sanción es de apenas 200 millones. En un cálculo estimado -el 33% de los beneficios de 2007 multiplicado por 25 años- las 6 empresas monopolistas deberían devolver al Estado -devolvernos- 72.500 millones. Y Ferrovial su parte alícuota. Eso sin incluir los intereses acumulados durante un cuarto de siglo. Porque eso es lo justo. Porque es un atraco continuado de dinero público. Y antes de que huyan, cual vulgar ladrones.
El robo del dinero público según la CNMC
Así rezaba la resolución: «En Madrid, a 5 de julio de 2022- de la Sala de Competencia (SC) del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la composición expresada, ha dictado la siguiente resolución en el expediente incoado por la Dirección de Competencia (DC) contra varias empresas, por supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)».
Las empresas sancionadas por la CNMC y las cantidades respectivas son: Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. [que pertenece a ACS] (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, en otro caso de práctica monopolista, ha pedido una multa 4 veces el beneficio obtenido y la devolución de tales ganancias. E incluso una indemnización a otras empresas perjudicadas.
Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Entre los miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc. Durante los años de reuniones semanales las 6 empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento para compartir las ofertas técnicas y la información como licitadores incumpliendo la legislación. Las propias empresas disolvieron este sistema monopolista en el año 2017.
Fueron los años del boom más extraordinario de la construcción en nuestro país. Cuando se llevaron a cabo innumerables obras públicas aprovechando los fondos de cohesión que compensaban la dolorosa entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1996, que tuvo continuidad con el boom de la década de 2000. El récord de beneficios sumados de las cinco más grandes alcanzó su máximo en 2007 con 8.700 millones.
Además, las prolongadas prácticas monopolistas de este cártel de la construcción pública también dañaron gravemente a las otras empresas que se presentaron para conseguir los contratos públicos al no poder obtener una numerosa cantidad de ellos. Es decir, un número elevado de grandes empresas no monopolistas y medianas y pequeñas empresas sufrieron un serio perjuicio económico. También deberían indemnizarlas.
Robo a todas las administraciones públicas
Según la propia CNMC, las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Un robo sistemático de dinero público -de nuestro dinero- realizado en miles de concursos de las distintas Administraciones Públicas, desde la central y las autonómicas hasta las diputaciones y los ayuntamientos.
Entre los miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC. «Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.», subraya Competencia.
Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
Multas que no se cobran
La CNMC ha convertido en sanción unos 150 expedientes que totalizan en torno a los 1.000 millones de euros. Sin embargo, hasta el momento, la CNMC no ha recibido ni un euro de todas esas multas. La capacidad de los monopolios para utilizar todas las armas legales a su disposición en realidad desactiva el cobro de las multas. Entre que la CNMC incoa el expediente, impone la multa y el supuesto momento de su cobro -si la sentencia definitiva del Tribunal Supremos, previo paso por la Audiencia Nacional, no la rechaza- pueden transcurrir más de ocho años.
Eduardo Madroñal Pedraza
