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(Prensa Junta Andalucía) La inversión en la provincia de Málaga para 2015-2020 alcanzará los 31 millones, cuando debería estar entre los 66 y los 165 millones. La Junta de Andalucía reclama al Gobierno de la nación más in-versión y más proyectos para Málaga en la nueva Planificación Nacional de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, concretamente solicita la construcción de las subestaciones de 220 kilovoltios (kV) «Europa», crucial para el desarrollo de las nuevas infraestructuras en la capital, y «Benahavís» básica para atender las demandas de consumo de eléctrico de la Costa del Sol occidental.
Así lo ha destacado hoy en rueda de prensa el delegado del Go-bierno, José Luis Ruiz Espejo, que ha matizado que la propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la provincia de Málaga alcanzaría tan sólo los 31 millones de euros (el 0,69% del total nacio-nal), cuando debería estar entre los 66 y 165 millones de euros (aten-diendo a los criterios de superficie, población y de la demanda eléctrica). «En la provincia –ha recalcado– existen unas necesidades de desarrollo muy superiores a las que planifica el Gobierno de España».
La Planificación de la Red de Transporte Eléctrico para los próximos seis años recoge las infraestructuras de transporte eléctrico de tensión mayor o igual a 220 kV para garantizar un suministro adecua-do y de calidad, así como la evacuación de la generación eléctrica, en particular, a través de fuentes renovables. El documento, que es de carácter vinculante, debe ser elaborado con la participación de las autonomías, y sustituirá al vigente para el periodo 2008-2016, suspen-dido por el Gobierno nacional en 2012.
La delegada de Economía, Marta Rueda, ha continuado explicando que la propuesta de planificación del Ministerio reduce las actuaciones en Málaga a la repotenciación de dos líneas de 220 kV y 400 kV ya existentes entre Íllora (Granada) y Casares; y la línea Caparecena-Archidona-Tajo de Ronda.
Propuesta mínima de 77 millones para Málaga
Además, sólo contempla la construcción de las subestaciones de «Mollina» en 2019, destinada a la alimentación del tren de alta velo-cidad, y «Ventilla» en 2018, destinada al consumo en la Costa del Sol, y que la Junta estima que debería estar planificada para 2016.
Por tanto, la Junta propone que se incremente la inversión para Málaga hasta los 77 millones para seis años (2015-2020), un mínimo que la delegada insiste, «está muy por debajo de lo que le correspondería a Málaga según los ratios población o demanda eléctrica».
La delegada ha resaltado que la propuesta de la Junta, realizada en colaboración con los agentes del sector, «responde al principio de responsabilidad en el actual contexto económico, y propone las infraes-tructuras mínimas necesarias para garantizar un desarrollo energético y socioeconómico de la provincia».
Atendiendo a los ratios, la provincia de Málaga dispone del 3,5% de la población de España, ocupa el 1,4% de la superficie del territorio nacional y consume el 2,4% de la energía eléctrica del país. Siguiendo el criterio más restrictivo, en este caso el de consumo eléctrico, ha subrayado la delegada, la inversión en la provincia tendría que alcanzar al menos los 66 millones de euros y atendiendo al criterio poblacional, los 165 millones de euros.
Reducción de entre 280 y 461 millones para Andalucía
Por su parte, Ruiz Espejo, ha destacado que la propuesta estatal reduce entre 290 y 461 millones de euros el nivel de inversiones que correspondería a Andalucía. De confirmarse el reparto que planifica el Ministerio, a Andalucía le corresponderían 361 millones (el 7,93% del total), una cantidad muy inferior a la que le pertenecería por población (18% del total nacional), territorio (17%) y consumo (14 %). Con el indicador de la población, Andalucía debería percibir 822 millones; por territorio serían 791 millones, y por consumo, 651. La inversión a nivel nacional será de 4.558 millones (760 millones por ejercicio).
«Este reparto de inversiones y proyectos genera un agravio compa-rativo respecto a otras regiones de España y no tiene en cuenta las características poblacionales, territoriales o de consumo eléctrico de las regiones», ha apuntado Ruiz Espejo.
También, la planificación del Ministerio reduce drásticamente la inversión en infraestructuras de conexión de las energías renovables a la red eléctrica, lo que limita las posibilidades de este sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos (en Málaga hay unas 166 empresas y 7.000 empleos).
Actualmente, el 38,7% de toda la potencia eléctrica andaluza pro-viene de fuentes limpias como el sol, el viento y la biomasa, que también suponen el 43,2% de la electricidad que consumen los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía primaria, su aportación representa el 20,6%. Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes.
Durante el proceso de realización de la nueva planificación, la Junta ha elaborado una propuesta al Ministerio de Industria, Energía y Turismo valorada en 608 millones de euros y basada en un escenario económico restrictivo, pero incluyendo infraestructuras prioritarias e imprescindibles para garantizar el crecimiento económico, la seguridad y la calidad del suministro eléctrico y un desarrollo energético sostenible en la región.
Frente a las 27 actuaciones en subestaciones de transporte que plantea el Gobierno central, la Junta propone 45 (casi la mitad de las que planteó en 2013), de las que 20 corresponderían a ampliaciones.
En relación con las renovables, la propuesta del Gobierno andaluz concentra las inversiones en infraestructuras para la evacuación de la generación eléctrica en zonas de mayor potencial. Las actuaciones suman diez nuevos puntos de evacuación (siete en subestaciones ya existentes).
Ruiz Espejo ha recalcado que sin estas infraestructuras se pondría en serio peligro el suministro eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y la evacuación de la electricidad generada por proyectos renovables. «Esto supondría, además, una pérdida de inversiones y empleo, así como un retraso en el objetivo de un sistema energético sostenible para la región», ha concluido.
