El PA de Málaga y la Palmilla saldrán a la calle contra la fiscalización de la pobreza del Gobierno del PP

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(Prensa PA) Las organizaciones que reparten los alimentos en la Palma Palmilla y el Partido Andalucista de Málaga saldrán mañana miércoles a la calle para protestar contra las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno del PP para que las ONG puedan acceder a la red de entidades benéficas de reparto de comida.

La cita tendrá lugar a las 10.30 ante las puertas de la sede de Servicios Sociales de la barriada de la capital malagueña.

El Gobierno ha anunciado a los colectivos encargados del reparto de alimentos que este año aplicarán los nuevos criterios aprobados en octubre de 2014 que exigen a los usuarios estar inscritos en el registro de exclusión social. Además, a las entidades encargadas del reparto de alimentos se les reclama que asuman en solitario las actividades necesarias para la reinserción social y laboral de estas familias.

Para Jesús Rodríguez ‘Chule’, número 3 del PA a la Alcaldía de Málaga, esta nueva obligación de obtener el certificado de exclusión social condena a muchas familias a ponerse bajo la lupa de la Fiscalía de Menores, con las consecuencias que pueden derivarse de ese control sobre las familias «que no es otra cosa que la de acabar con la retirada cautelar de los niños. Estas familias sólo necesitan un poco de ayuda, alimentos para seguir queriendo a sus hijos», ha señalado.

Este requisito se suma a los que ya se solicitaban antes, como el certificado de empadronamiento en el mismo municipio que la entidad que suministra los alimentos, presentar el Libro de Familia y un certificado que demostrara que no tenía ingresos estables.

Este mayor control de los solicitantes también incluye exigencias para las entidades encargadas del reparto de la comida. Así, el Gobierno establece que las ONG asuman la puesta en marcha de medidas que permitan la inserción laboral de los beneficiarios del reparto de comida, algo que Jesús Rodríguez ‘Chule’ considera inasumible por entidades como la suya, ya que exige un desembolso económico y preparación técnica que es inasumible actualmente sin una subvención.

Para el andalucista, «exigir el certificado de exclusión social por pedir alimentos es un acto tan cruel como innecesario. Si las familias acuden a los Servicios Sociales a pedir su certificado de exclusión social, se les abre un expediente de desamparo de menores, que puede acabar con la retirada cautelar de los niños».

Las organizaciones deberán aportar los certificados y presentar toda la documentación antes del día 9 de marzo para poder acceder a la red.