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(Prensa Ayto. Mijas) Urbanismo se reúne con portavoces de los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento, PP, PSOE y CSSP para explicar las líneas de actuación que seguirá el Ayuntamiento en base a la anulación del POT.
El Consistorio deberá reformular dos de los documentos de revisión del PGOU, el del suelo no urbanizable y el industrial.
Todos los grupos municipales representados en el Consistorio mijeño se han reunido este mediodía para conocer en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el pasado día 6 de octubre el POT, Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol. Entonces, los técnicos municipales, la secretaría del Ayuntamiento, la asesoría jurídica junto con Concejalía de Urbanismo, mantuvieron una reunión donde se valoró dicha sentencia y su posterior efecto sobre el planeamiento del municipio mijeño y el del resto de la Costa del Sol.
La iniciativa, comandada por el propio titular municipal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C´s) se resume en los pasos a seguir desde el área y que han de pormenorizarse también con el criterio del resto de grupos políticos municipales. «Vamos a trabajar la reformulación de los dos documentos de revisión parcial del suelo no urbanizable y del suelo industrial ya que con la anulación del POT, debemos volver a formularlos con detalle», ha declarado el edil, quien aprovechó para solicitar nuevamente la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por parte de la Junta de Andalucía en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y que la misma abra una puerta y se muestre favorable con la propia reformulación del POT de la Costa del Sol.
«El Plan General de Mijas está adaptado a las determinaciones de un Plan Ordenación del Territorio que ha sido anulado. Nuestro planeamiento con la adaptación de nuestro PGOU a la LOUA y a los planes territoriales, obviamente incluía las determinaciones del POT. Ahora hay que cumplir con esa sentencia y revisar el Plan General parcialmente a través de esos dos documentos que he mencionado, el del suelo no urbanizable y el industrial.
Si hablamos del PEM, Parque Empresarial de Mijas le afecta directamente pues tiene su propia sentencia, nos atendremos a lo que dicte el Tribunal Supremo».
El tiempo pasa sin una respuesta en un sentido u en otro por parte de la administración andaluza y se hace imprescindible afianzar una seguridad jurídica, que vuelve a pender de un hilo para algunos municipios eminentemente turísticos y residenciales. También para Mijas es prioritario regularizar una gran cantidad de suelo calificado hasta la fecha como no urbanizable e industrial.
«Tenemos que trabajar con la Junta de Andalucía en dos vertirentes; modificar nuestro planeamiento para dar cumplimiento a la sentencia y por otro lado, dar paso a una nueva formulación del POT de la Costa del Sol que debe venir de la mano de la Junta Andalucía».
Al hilo de esta cuestión el edil de Urbanismo ha señalado la implicación que espera o reclama del resto de los grupos políticos, en especial del grupo municipal socialista para resolver, dentro de la estricta legalidad, un tema vital para el desarrollo y la economía locales como reivindica el gobierno bipartito de Ciudadanos y Partido Popular.
«El grupo municipal socialista debería posicionarse ya y saber desde la Junta de Andalucía qué es lo que se va a hacer. Si se va a hacer un nuevo Plan de Ordenación del Territorio, también si se va a publicar la sentencia.
¿Sabemos si se van a respetar esos parámetros de la sentencia? o ¿se va a hacer un nuevo POT subsanando los errores que presentaba el anterior y que ha señalado específicamente la sentencia del pasado 6 de Octubre?» Finalmente, Ruiz no ha dejado pasar la ocasión de aludir a la responsabilidad de la Junta de Andalucía para con un tema de extrema importancia y gravedad que afecta directamente a la población del litoral y que ha provocado muchos problemas legales en el pasado a todos los Ayuntamientos de los municipios de la Costa del Sol.
«Mijas le pide con urgencia a la Junta de Andalucía que sea responsable y que publique con esa misma urgencia la sentencia del
Tribunal Supremo. Todos debemos atenernos a esa resolución judicial.
El segundo paso es que plantee un POT razonable, no trabajado desde un despacho, sino conociendo los parámetros de necesidad reales de Andalucía, los parámetros de necesidad tanto de crecimiento como los medioambientales y todo ello de forma sostenible».
