Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 10 segundos
(CCOO Málaga)Esta mañana ha tenido lugar una concentración convocada por CCOO para denunciar un nuevo caso de agresión al personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En esta ocasión, se trata del centro de salud La Roca, donde el pasado viernes una paciente agredió física y verbalmente a dos profesionales sanitarios. El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga exige al SAS medidas urgentes para paliar esta lacra, que se debe fundamentalmente al colapso y al aumento de la presión asistencial, y denuncia que en 2021 el 19% de este colectivo sufrió una agresión.
Durante la concentración realizada esta mañana en la entrada del centro de salud La Roca, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, Juan Carlos Navas, ha dado a conocer el último informe elaborado por esta organización sindical sobre las agresiones sufridas por el personal sanitario del SAS en esta provincia en 2021.
Navas ha manifestado que “Málaga cuenta con unos 17.000 profesionales sanitarios, y de ellos, el 19% sufrió el pasado un agresión, física o verbal”. En concreto, ha informado que “se registraron un total de 187 agresiones, de ellas, 50 fueron de tipo físico”. También ha advertido que “cada día en Andalucía tres profesionales sanitarios fueron agredidos en el año 2021”.
Ante ello, el líder sindical ha exigido al SAS “medidas urgentes para paliar esta situación, que se ha visto empeorada con el colapso y el aumento de la presión asistencial desde el inicio de la pandemia, unido a los recortes en la sanidad pública que está llevando a cabo del Gobierno andaluz”. Por ello, ha solicitado a dicha Administración que “se sustituyan todos los puestos vacantes y que haya una cobertura del 100%”.
Esta organización sindical insiste de nuevo en la importancia de crear un Observatorio de Agresiones, compuesto por todas las partes implicadas (Administración sanitaria, organizaciones sindicales, personal técnico de prevención, profesionales, fiscales, asociaciones de consumidores y usuarios, colegios profesionales, trabajadores sociales, etc.) para analizar y evaluar los motivos de las agresiones e implantar medidas reales y efectivas “que hagan disminuir esta oleada de intimidación”.
