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Redistribuir la riqueza es poner los enormes recursos de los que dispone la economía española al servicio de los intereses del país y de las necesidades de la gente. Al contrario de lo que ocurre en la actualidad, en el que esos recursos son utilizados por una minoría de bancos y monopolios -nacionales y extranjeros- para enriquecerse a costa de saquear al pueblo y esquilmar al país. El objetivo principal de una política de redistribución de la riqueza es la única manera de resolver de forma estructural y permanente las necesidades de la mayoría, expropiar un poco a los expropiadores.
Redistribuir la riqueza es acabar con el saqueo contra el 90% de la población. Y para ello es imprescindible avanzar en expropiar parcialmente a esa ínfima minoría que hoy se apropia y se beneficia en su interés de la riqueza que entre todos generamos. Ellos -a pesar de las tres crisis concatenadas- han podido seguir enriqueciéndose a costa de habernos saqueado a nosotros, por eso, de lo que se trata ahora es de arrebatarles a ellos la gestión de los numerosos recursos de los que disfrutan para su beneficio exclusivo. No hay término medio en este asunto: o ellos o nosotros. O ellos nos siguen saqueando a nosotros, o nosotros les expropiamos parcialmente a ellos.
Dice la sabiduría popular que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Y en esta cuestión pasa exactamente eso. No se puede avanzar en defender de verdad los intereses populares sin golpear y hacer retroceder el poder que una minoría de oligarcas nacionales y extranjeros disfrutan sobre la vida material del pueblo. Y eso significa pisar poderosos callos. Porque hablar de ella supone no sólo decir que es lo que se propone para satisfacer las necesidades y demandas populares, sino plantear al mismo tiempo de dónde han de salir los recursos necesarios para conseguirlo.
Y en este terreno sólo caben dos caminos. O el de continuar alimentando el monstruoso endeudamiento del Estado hasta provocar su colapso, o el de arrebatar a la minoría oligárquico-imperialista todo o parte de la riqueza que han expropiado al pueblo para ponerla al servicio de éste.
La redistribución de las rentas
A mediados de los años 70, cuando España había culminado la etapa del desarrollismo franquista que permitió dar el salto desde una economía agraria y subdesarrollada a convertirse en la séptima potencia industrial del mundo, las rentas salariales disfrutaban del 65% de la riqueza que se producía cada año. Gracias a esta distribución de rentas, cualquier trabajador español mínimamente cualificado en su oficio podía comprarse un piso y pagarlo sin grandes dificultades en 10 o12 años; mantener una familia con dos o tres hijos estudiando el bachiller superior o una carrera universitaria con su sólo salario e incluso podía acceder a comprarse un pequeño terreno para construir por sus propios medios una modesta casa de verano.
Cincuenta años después, las rentas salariales han perdido casi 20 puntos en la distribución de la riqueza nacional, y apenas si disfrutan del 46%. A precios actuales, estamos hablando de que, si hoy se mantuviera la misma proporción que entonces en la distribución de la renta nacional, los trabajadores españoles recibirían 200.000 millones de euros más cada año en sus salarios. Lo que ha ocurrido, por contra, año tras año, es que las rentas del capital, las rentas de las que disfrutan los empresarios, han ido incrementando su apropiación de la riqueza nacional a costa de los salarios. Hasta que, en 2014, por primera vez en la historia, las rentas percibidas por los capitalistas superaron a las de los trabajadores.
La redistribución de las cargas fiscales
Al hablar de una reforma fiscal progresiva estamos diciendo que, si bancos, monopolios y multinacionales en realidad sólo pagan un 3,5%, si ese pequeño puñado -que apenas llegan a ser un 0,025% del total de empresas españolas- tienen unos beneficios que duplican los que tienen un millón y medio de pymes, ¿por qué no han de pagar, en consecuencia, el doble de impuestos? Es decir, un Impuesto de Sociedades al 50% para bancos, monopolios y multinacionales. Una medida que supondría que la Hacienda española recaudara cerca de 40.000 millones de euros más cada año, acabando así de un plumazo con cualquier problema relacionado con el déficit y la deuda pública.
Lo mismo que pasa con el IRPF. Si un trabajador con un sueldo de 1.400 euros mensuales paga hoy al menos un 19% de IRPF; si a un profesional con un salario neto de 3, 4 o 5.000 euros mensuales Hacienda le quita entre un 30 y un 45% de su renta, ¿por qué no aplicar a las rentas superiores a los 500.000 euros anuales un impuesto del 75%? La gran banca española repartió entre 1.896 directivos 539,76 millones de euros en los llamados «bonus» -retribución variable para altos ejecutivos- durante el pasado año 2021, un 29 % más que un año antes. Lo que supone una media anual de 285.000 euros para cada individuo sólo en bonus, sin contar el resto de retribuciones.
Esto es en definitiva de lo que estamos hablando cuando decimos redistribuir la riqueza. Empezar a expropiar a los que hasta ahora nos han estado expropiando para poner toda esa riqueza al servicio de satisfacer las necesidades de la mayoría y de la creación de riqueza y empleo para el conjunto del país. Y no se trata tan sólo de redistribuir la riqueza actualmente existente, sino de hacerlo de tal modo que esa redistribución permita multiplicar la capacidad de creación de nueva riqueza de la economía.
